Manuel Robles señaló que las aclaraciones de la CDEEE, en las que explica que el contrato fue rescindido por el Estado, solo confirman la culpabilidad del gobierno de Medina en la infracción de las leyes
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El colectivo Poder Ciudadano afirmó este martes 12 que deben ser investigados y sometidos los funcionarios que participaron en la firma del contrato para la construcción de una planta de carbón secreta de 600 megavatios, en Punta Catalina, Baní, la misma zona donde se edifican dos generadoras de 700 MW a base de carbón.
En ese sentido, Manuel Robles, quien preside el movimiento, aseguró que el contrato rubricado entre la Pinegy Commercial Group y el gobierno dominicano, encabezado por el presidente Danilo Medina, viola abiertamente la ley de electricidad y la Constitución, por lo que se debe efectuar una investigación y someterse a la justicia a los actores involucrados.
“El gobierno – en el contrato – se compromete a una compra de manera privilegiada. Eso viola la ley de electricidad que establece claramente bajo cuales conceptos se puede negociar la energía y viola la ley de compras y contrataciones de servicios públicos”, sostuvo Robles.
Sobre las aclaraciones ayer de la Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), en las que explica que el contrato fue rescindido por el Estado, solo confirman la culpabilidad del gobierno de Medina en la infracción de las leyes.
“Ahora nos dicen que cancelaron ese contrato, pero es como que un ladrón robe algo y diga ‘lo devuelvo’. Igual debe ser sometido por ese robo y es lo que pasa en esta ocasión”.
El presidente Danilo Medina otorgó el Poder Especial No. 39-14 a Rubén Jiménez Jiménez Bichara en fecha 26 de marzo del 2014. A través de ese poder especial, Pinegy Comercial Group se compromete a vender a la CEDEEE o a terceros, la cantidad de energía convenida durante la vigencia del acuerdo, así como a financiar y a construir el Puerto Carbonero, con la correa principal transportadora de carbón, la torre de transferencia y las líneas de transmisión.
Aclaró que Poder Ciudadano no está en contra del pacto, sino que reclama que se efectúe la firma de un acuerdo que sea en beneficio de la ciudadanía.
En ese sentido, Héctor Turbí, vocero de Poder Ciudadano señaló que a pesar de que diversas organizaciones han estado discutiendo con el gobierno los términos para un acuerdo en el sector eléctrico, la falta de transparencia por parte del gobierno ha causado un ‘tranque’ en las conversaciones.
Criticó además la sobre evaluación del proyecto de Punta Catalina, la cual, sostuvo, asciende a unos mil millones de dólares, además de la falta de financiamiento para la construcción de las dos plantas de carbón, recurriendo a “préstamos onerosos”, los cuales no han podido ser desembolsados.
Investigado en el Congreso
De su parte, la diputada Guadalupe Valdez, afirmó que el contrato entre Pinegy Comercial Group y el Gobierno de Danilo Medina debe ser investigado en el Congreso una vez reinicien las labores en las cámaras de diputados y senadores.
Indicó que hace dos meses se hizo una solicitud de que fueran investigados los procesos de licitación de las plantas de carbón que se construyen en Punta Catalina, sin que se haya dado respuesta a dicha petición.
Respecto a las negociaciones, insistió en que se necesita mayor transparencia por parte del sector público, por lo que debe ser entregada a la ciudadanía toda la información que envuelve al pacto eléctrico.
“La información privada que es hecha en acuerdos públicos, no puede ser privada. Tiene que ser pública para todo el país”, dijo.
Poder Ciudadano convocó la tarde de ayer a la ciudadanía a apostarse frente a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) a las 4 de la tarde, lugar donde se celebraba la reunión del Consejo Económico y Social (CES) para dar continuidad a los debates para el Pacto Eléctrico.
De manera similar a las demás Cadenas Humanas, la presencia de agentes de la Policía Nacional fue notoria, pero en menor medida. Tampoco se registraron incidentes entre los manifestantes y los agentes.
